AMSAFE quiere expresar su solidaridad con la familia del trabajador rural Néstor Vargas de la ciudad de Vera quien falleció luego de haber estado manipulando agroquímicos en la zona rural de dicha ciudad.  Tenía 27 años y una familia que hoy reclama justicia y a quien nos unimos fraternalmente y acompañamos en su dolor. Este lamentable y evitable suceso en el que se ha perdido una vida pone sobre el tapete una vez más dolorosamente, lo que desde AMSAFE venimos denunciando los trabajadores de la educación en relación al riesgo que corren por estas prácticas que obedecen a los intereses económicos de un sector, los docentes y alumnos de las cientos de escuelas rurales de nuestra provincia).
Asimismo reafirmamos que el responsable de dichas prácticas que atentan contra el ambiente y la vida de las personas es el Estado quien tiene la obligación de legislar en bien de la sociedad. Esperamos celeridad en la respuesta de nuestros representantes a fin de  no tener que lamentar más víctimas.
[ver nota agrotóxicos]

Con una altísima participación de más de 29000 docentes en toda la provincia, la asamblea provincial aceptó la propuesta por 17894 votos, mientras que el rechazo a la propuesta se tradujo en 11114 sufragios, imponiéndose en 15 delegaciones de AMSAFE la aceptación.
La asamblea consideró que la fortaleza y unidad en el plan de lucha de AMSAFE, dio como resultado la reapertura de la discusión de la mesa paritaria y que el gobierno provincial elaboró una propuesta referida a la problemática previsional y laboral de la docencia santafesina, se resolvió aceptar la propuesta emanada de la Paritaria y mantener el estado de asamblea permanente y movilización para exigir la sanción en el actual período de sesiones de las modificaciones obtenidas en paritaria para que en forma urgente los compañeros gocen de los nuevos beneficios jubilatorios.
También se mantiene la exigencia de seguir discutiendo en paritaria el cronograma de traslado, concursos y suplencias; continuidad del Plan de Vivienda Docente; reglamentación de los cargos de coordinación pedagógica; cambio curricular de media y técnica; carga horaria de Preceptores, bibliotecarios y salario. Además seguiremos reclamando  en ese ámbito la incorporación de herramientas que habiliten el retiro anticipado de los trabajadores de educación como A)la creación de un cómputo docente que posibilite el retiro anticipado, para ser incorporado al Régimen Opcional Docente o,  B)reducción efectiva de la edad jubilatoria que permita que todo trabajador incluido en los alcances de la ley 12464 pueda retirarse al cumplir el requisito de treinta años de aportes o, C) la discusión sobre la base del dictamen de la comisión de asuntos laborales y previsionales de la cámara baja u, otras alternativas de posibles análisis que pudieran corresponder; siempre que se resguarde el equilibrio económico-financiero de la Caja.
También se resolvió acompañar las sesiones legislativas para la reforma del Régimen Previsional Docente con movilizaciones de delegados a la Legislatura y reclamar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que los cálculos actuariales sean realizados por organismos técnicos dependientes de Universidades públicas de la Provincia de Santa Fe (UNR y UNL), para asegurar la absoluta imparcialidad en sus dictámenes.

Durante la tarde de hoy se desarrolló la reunión paritaria en la cual el gobierno finalmente realizó una propuesta en respuesta al reclamo docente en materia previsional y condiciones de trabajo.
La misma será analizada en asambleas departamentales ya que ha sido convocada para el próximo viernes 21 de octubre a las 10 horas la asamblea provincial que valorará dicha propuesta.
En lo concerniente al tema previsional el gobierno reitera los mecanismos de compensación en 2 x 1 los años de aporte por servicio y viceversa; la consideración de la fracción de 6 meses o más como año completo (tanto sea en la edad o como año de aporte), y el alcance del 82% a los docentes que se jubilan por discapacidad (actualmente se jubilan con el 72% del régimen general).
El ejecutivo provincial tiene un plazo de 5 días para enviar un mensaje a la Legislatura conteniendo estos temas para modificar el régimen previsional opcional docente si los gremios docentes aceptan la propuesta.
Además el gobierno se  compromete a seguir discutiendo alternativas introducir otras mejoras en el régimen opcional docente y rebajar la edad jubilatoria, como son el establecimiento de un cómputo específico para la docencia; la consideración de 30 años de servicio en la docencia sin límite de edad, y tratar el proyecto de ley que actualmente cuenta con dictamen de la comisión de asuntos laborales en Diputados que propone el retiro anticipado
En cuanto a la creación de cargos y condiciones de trabajo, la propuesta incluye la creación de 450 cargos de Coordinación Pedagógica, (cargo de ascenso) en el presupuesto 2012 y mantener la actual paritaria abierta para definir el cronograma de concursos de ingreso para todos los niveles y modalidades (incluidos los cargos jerárquicos), implementar los comités mixtos de salud y seguridad en el  ámbito escolar.

Se trata de una medida que no produce un cambio sustantivo ya que son ya muchas las provincias que han extendido sus ciclos lectivos hasta 186 y 187 días.
Es necesario avanzar en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional que establecen la meta de tener como mínimo un 30% de las escuelas con Jornada Completa o Extendida. En la actualidad estamos aún muy lejos de esa meta. Este si sería un cambio sustantivo.
No nos oponemos a comenzar a dar clases un par de días antes ya que de todos modos estamos en las escuelas desde antes del 1º de marzo y permanecemos en ellos hasta los últimos días de diciembre. Pero no nos engañamos pensando que esta va a ser una medida estratégica para mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
No compartimos así mismo la metodología del anuncio unilateral. El calendario escolar es un tema de agenda paritaria establecido así en su decreto reglamentario. Los sindicatos nacionales que participamos en la paritaria no hemos sido convocados a discutir y concertar el tema. Hay que desterrar este tipo de prácticas y cumplir con el artículo 120 de la Ley de Educación Nacional que dice que los sindicatos deben ser convocados a la Asamblea del Consejo Federal de Educación por los menos dos veces al año con agenda previamente pautada.

Stella Maldonado
Secretaria General
CTERA

Varias décadas de desmantelamiento de la escuela pública: 1976/2003, tuvieron graves consecuencias estructurales en términos de desresponsabilización del Estado Nacional respecto del financiamiento educativo, con un deterioro progresivo de las condiciones de enseñar y aprender en un contexto de pauperización de capas muy amplias de la sociedad y de desestructuración del Estado de Bienestar.
La retirada del Estado en el período de profundización de las políticas neoliberales tuvo además un alto impacto en términos de daño en las condiciones simbólicas que hicieron fuerte en el siglo XX a nuestro sistema educativo. El Estado educador fue reemplazado por el Estado subsidiario. Se llegó al extremo de cerrar institutos de Formación Docente y en algunas provincias sólo se formaron docentes en instituciones privadas de dudoso nivel académico

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La implementación de dispositivos tecnocráticos y la eliminación del control de los docentes sobre su proceso de trabajo, afectó además la autoridad pedagógica entendida como autoría de los/las trabajadores/as de la educación. Desautorizados por el propio  Estado se encontraron con enormes dificultades para tomar decisiones pedagógico-didácticas en un cotidiano escolar sumamente complejo ya que la autoridad parental también está en crisis y la propia autoridad estatal fue profundamente dañada durante la dictadura cívico-militar y las políticas de desguace de los ’90. El juzgamiento y condena de los genocidas es fundamental en el proceso de reponer autoridad estatal.
Hace apenas cinco años logramos la derogación de la nefasta Ley Federal de Educación y la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional que consagra a la educación como derecho social y al Estado como su garante y responsable del financiamiento educativo. Hay muchas provincias que aún no han cambiado sus leyes. Recién este año egresan los primeros profesores del nivel inicial y primario con los nuevos planes de formación que dan cuenta de las necesidades que nos plantea esta etapa.
Esta compleja combinatoria de factores a la que debe sumarse una intensa campaña mediática destinada a instalar que aunque se haya invertido más, “la educación está cada vez peor”, es el contexto en el cual se inscriben algunos hechos de violencia social que se expresan hoy en nuestras escuelas, que no son islas y reflejan los conflictos sociales.
En pocos días se hicieron denuncias sobre tres hechos violentos, uno de ellos de suma gravedad, en los cuales madres y padres agredieron a docentes. Estos sucesos que eran impensables cuando el contrato familia-escuela-docentes, garantizado por el Estado, estaba plenamente vigente, comienzan a ser más frecuentes, sin llegar a ser masivos como se pretende desde medios sensacionalistas. Esto nos obliga tanto a educadores, como a autoridades educativas a diseñar acciones que permitan abordar situaciones de este tipo.
Un intenso y urgente proceso de reautorización de la escuela y los docentes no depende sólo y simplemente de la voluntad y el compromiso de los actores del hecho educativo, depende centralmente de las políticas públicas que garanticen las condiciones de posibilidad para la reconstitución de la autoridad de los docentes.
Algunos factores de urgente resolución son: incrementar la cantidad de escuelas de jornada completa; formación permanente  en servicio; tiempos pagos para la realización del conjunto de tareas pedagógicas: planificar, evaluar, relacionarse con las familias y la comunidad; incorporación de equipos interdisciplinarios para hacer intervenciones institucionales; articulación con las áreas de salud; desarrollo social y derechos humanos a nivel nacional; provincial y local para trabajar la prevención de situaciones de alta vulnerabilidad social; bajar las tasas de repitencia y sobreedad; mejorar la asistencia de docentes y alumnos; prevenir la salud laboral; potenciar el papel de la supervisión educativa, etc.
Es imprescindible superar la situación de victimización para poder transformar la realidad de nuestras escuelas y reponer la necesaria asimetría que debe haber entre adultos y niños, niñas y adolescentes; ente docentes y estudiantes. Esta asimetría nada tiene que ver con el disciplinamiento autoritario, sino que es determinante como punto de referencia para poder crecer y aprender. El papel de los adultos significativos es fundamental para reanudar el lazo familia-escuela.
Potenciar la dimensión ético-política de nuestro trabajo construye sentido y fortalece la acción educativa, en una escuela en la que el conocimiento recupere centralidad y sea vehículo de construcción de derechos.

Stella Maldonado
Secretaria General
CTERA