En el año 1885, Juan Rial, impulsó allí la fundación de la Sociedad Unión del Magisterio, cuyo estatuto tenía los siguientes objetivos: propender al perfeccionamiento moral, intelectual y profesional de todos y cada uno de los asociados, la ilustración y ayuda recíproca entre los maestros; recabar de quien corresponda todas las medidas que juzgue conveniente al progreso de la educación; estimular a los padres para que manden sus hijos a la escuela; dar conferencias de carácter educacional por los socios; proveer de ropa a los niños pobres de solemnidad; figurar colectivamente como sociedad en todo acto patriótico, cuando la naturaleza del caso lo exija; sostener una publicación periódica de carácter educacional exclusivamente.
La Sociedad Unión del Magisterio tuvo sus filiales en varias ciudades de la provincia.
En 1901 existía en Coronda el Círculo del Magisterio, del que habría surgido la iniciativa de reclamar por la desigualdad de sueldos de los maestros, ya que los varones percibían $30 mensuales y las mujeres $20.
En septiembre de 1902 apareció el primer número de La Cultura, revista del Círculo del Magisterio poco antes constituido en la ciudad de Santa Fe con el propósito de defender los intereses del gremio, el mejoramiento de su posición social y favorecer el logro de una mayor ilustración.
El Círculo del Magisterio de Santa Fe participó en 1905 del Congreso Popular de Instrucción Pública, convocado por la Confederación del Profesorado que en Buenos Aires presidía el santafesino Estanislao Zeballos, donde se acordó que la educación debe preparar hombres de criterio, carácter y acción; desarrollar sus aptitudes para el trabajo, y ejercer sus derechos cívicos; continuar la enseñanza del hogar y sistematizar la secundaria y superior; estimular la capacitación práctica; fomentar el desarrollo de aptitudes estéticas y, en el ciclo primario, las facultades mentales por medio de la investigación espontánea y la transmisión de conocimientos que capaciten para acceder a los superiores; preparar al individuo para ser útil al país; estimular la formación del hombre bueno y de carácter, disciplinado para la libertad y el gobierno republicano.
Los primeros presidentes de este Círculo fueron Manuel T. Frutos y Amadeo Ramírez. En la década de 1920 los maestros se encontraban agrupados en instituciones netamente sindicales. Nuestros colegas de entonces tenían razones valederas para levantar la voz de sus reclamos: haberes mensuales de $111 líquidos, con un atraso en el pago que oscilaba entre 14 y 18 meses, obligados a negociar con usureros que se quedaban con la mitad; la falta total de escalafonamiento permitiendo la primacía de razones extraescolares al momento de decidirse traslados y ascensos.
Cuando la asamblea de la Federación Provincial de Maestros, el 3 de mayo de 1921, declaró el paro de actividades, el grado de adhesión fue muy elevado, sobre todo en Santa Fe y Rosario, asiento de las entidades más numerosas y combativas: la Asociación Gremial de Maestros y la Sociedad Unión del Magisterio, respectivamente. El pedido comprendía: sanción del presupuesto escolar; escalafón para el magisterio y pago de los 18 meses de sueldos que se les adeudaban.
La respuesta de las autoridades a los reclamos docentes fue el cierre de las escuelas por ocho días y declarar al personal en comisión. Durante aquel lapso, quienes quisieran continuar la carrera docente, eran obligados a solicitar la reincorporación quedando a criterio del Consejo General de Educación, aceptarla o rechazarla, reconociéndosele la antigüedad de servicios trabajados o considerárselo recién ingresante.
Los más recordados representantes de los maestros fueron Raimundo J. Peña, presidente de la Asociación Gremial de Maestros; Ana San Juan, secretaria; Agüero, Ferreira, Báez, Julia García, Josefa López, Marta Samatán, Lucero, Rodríguez, Antonio Ucha, Justina Pérez.
Las sucesivas entidades creadas por los maestros para la defensa de sus intereses profesionales, a la par que por la difusión masiva de la educación y por el contenido democrático y científico de ésta, fue fortaleciendo la conciencia sindical y capacitándolos para el manejo institucional.
El intento de las autoridades políticas de amedrentar al gremio, ensayado con motivo de la huelga de 1921, logró parcialmente su propósito. Si bien algunas entidades cayeron en la inacción, activistas cesanteados entonces encabezaron poco tiempo después la creación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (departamento La Capital), que unida a organismos que habían perdurado y a otros recién fundados, constituyeron la Federación Provincial del Magisterio.
La fundación de aquélla estuvo precedida de enfrentamientos, basados en importantes diferencias ideológicas.
Una entidad chilena, con jurisdicción nacional en el país trasandino, vinculada a la Internacional de los Trabajadores de la Enseñanza ITE, convocó a la Primera Convención Sudamericana de Maestros, realizada en Buenos Aires entre el 7 y el 17 de enero de 1928. Entre los representantes de Santa Fe se encontraban Julia García, Octavio Sosa, Enrique Lacoze y María Codoni de Galli. Las discusiones fueron arduas, ya que un sector pretendía dar prioridad a los problemas sociales mientras que otro exigía dedicación excluyente a los intereses profesionales del educador. Resentidos por el contenido de manifestaciones políticas vertidas en el congreso, la mayoría de la delegación santafesina se retiró, quedando solo Julia García.
Fue por su iniciativa que, con el apoyo de colegas locales, el 24 de junio de 1928 se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, oportunidad en la que fue integrada la comisión directiva con Marta Samatán como presidenta, Benjamín López vicepresidente, completándose con Jorge J. Christe, Alberto Gaite Álvarez, José Carlozzi, Aída J. Poggi, Julia García, Encarnación González, Ángela Sologuestúa, Adelina Deosefe, César P. Garasino, Luis Ruano y Narciso Luna. Poco tiempo después, el 25 de noviembre de 1928, fue creada la Federación Provincial del Magisterio integrada por la Asociación local, la Sociedad Unión del Magisterio de Rosario, la Asociación de Maestros de Laguna Paiva, la Asociación del Magisterio de Romang, del Comité pro Asociación de Maestros de Ceres, representantes de docentes de Gálvez y de San Cristóbal y, finalmente, del Grupo Renovación de Maestros Nacionales de Casilda. Del Comité Federal electo formaron parte Julia García, Zenón Ramírez y Alberto Andino.
Los objetivos de ambas asociaciones eran similares: agrupar a los maestros en su condición de tales, independientemente de sus creencias políticas y religiosas a fin de estrechar vínculos de solidaridad y compañerismo; llevar al magisterio por la acción coordinada y la cooperación en los fines perseguidos, a la conciencia de su alta misión y de su grave responsabilidad; proveer a la defensa de los intereses morales y materiales del magisterio; contribuir a toda iniciativa susceptible de elevar el nivel cultural del pueblo; propender al acercamiento y la colaboración de padres y maestros para el mejor éxito de la función escolar; bregar para que la dirección del gobierno escolar esté en manos de los maestros y del pueblo.
La lucha por concursos de ingreso y ascenso, de traslados por escalafón, de aumento de haberes y su puntual efectivización, el amparo a la niñez y su educación, el contenido progresista de la enseñanza, el laicismo y, preponderantemente la defensa de la escuela pública, fueron constantes en la lucha de la Asociación capitalina y de la Federación Provincial.
Un ataque a la agremiación voluntaria e independiente, lo constituyó la norma del gobierno demoprogresista, estableciendo primero (1933) por decreto del Poder Ejecutivo, y luego por Ley 2369 (1934) que los maestros “serán considerados socios de la respectiva asociación departamental, sujetos a las disposiciones de sus Estatutos”. Por otro lado, la ley reconocía sólo una asociación por departamento “siempre que sea afiliada a la Federación Provincial del Magisterio”.
A partir de entonces existieron paralelamente dos agremiaciones: las oficiales y las independientes. La fortaleza de los dirigentes que permanecieron en éstas, sumado a cambios políticos en la provincia, hizo que la afiliación obligatoria desapareciese.
La lucha incansable y sin tregua tuvo sus frutos: la sanción, en 1940, de la Ley 2951, número definitivo luego de reformado el texto original de la 2892. La estabilidad y el escalafonamiento alcanzaron nivel legislativo. En 1944, la intervención federal puso a la Asociación en la ilegalidad y declaró cesantes a sus dirigentes.
El Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, había dado a publicidad las bases para una reforma educativa. El V Congreso de la Federación provincial del Magisterio, debía reunirse en Cañada de Gómez en diciembre de 1943, y habría de emitir opinión sobre el particular, por lo que una asamblea de la asociación local se pronunció mediante una ponencia que elevaría al mencionado congreso, que no pudo reunirse por prohibición policial.
En Santa Fe los asambleístas sancionaron un texto por el que el gobierno pidió una rectificación. Reafirmaba los principios de la escuela común obligatoria, gratuita y laica; los principios que establecen la enseñanza basada en el respeto pleno de la personalidad del niño y en el desarrollo de las aptitudes, “por cuanto, de esa manera, se forman seres independientes y responsables de sí mismos”; señalaba además que “no es partidaria de la enseñanza que pretende exaltar el sentimiento de un nacionalismo excluyente, por cuanto es profunda tradición en nuestro pueblo el amor a la humanidad, al lado del sentimiento patrio” y que “es partidaria de la enseñanza que aboga por la exaltación de los hombres que han elaborado nuestra grandeza en el trabajo pacífico, la ciencia y la cultura, al lado de los valores militares que aseguraron nuestra libertad e independencia.”
Lejos de acatar el pedido de rectificación, los asambleístas confirmaron su resolución y previo a un espectacular allanamiento a la Casa del Maestro, la Intervención Federal dictó el decreto 3320/44 que declaró que la actividad de la Asociación del Magisterio implicaba “una subversión a la jerarquía administrativa, violenta a las disposiciones en vigor y contraria a los principios institucionales vigentes con respecto a la enseñanza”. Además, dejaba cesantes a quienes integraban la Comisión Directiva y a todos los que habían suscrito ese texto por “exteriorizar y tratar de llevar a la práctica principios que implican un verdadero alzamiento contra la organización fundamental del país y su amplia afirmación proclamada por la Revolución del 4 de Junio.” Fueron afectados 21 maestros y directores.
Un decreto posterior, el Nº 3318/44, sancionó la disolución de la Asociación del Magisterio de Santa Fe.